La tensión territorial ha alcanzado niveles críticos esta semana en la comunidad indígena diaguita de Peñas Negras, un poblado precordillerano situado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar en el norte del departamento Belén, Catamarca. Sus habitantes denuncian represión policial y hostigamiento continuo para favorecer la expansión de la actividad minera en sus tierras ancestrales. La población señala que el despliegue policial busca garantizar el ingreso y circulación de personal minero en tierras sobre las que reclaman derechos preexistentes.
El conflicto socioambiental recrudeció tras la irrupción de las empresas Elevado Gold S.A. y Amalaya S.A., autorizadas para explorar oro y cobre en los proyectos Aguas Calientes I, II y III, y Alto El Mulato. Los habitantes señalan que la entrada de las mineras se produjo sin su autorización y vulnerando de forma abierta el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI). Este principio legal obligatorio está protegido por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, norma internacional ratificada por Argentina que exige la consulta previa y de buena fe antes de cualquier medida que afecte a pueblos originarios.
De acuerdo con las exposiciones penales y denuncias presentadas por la abogada Andrea Morales Leanza, los operativos de las fuerzas de seguridad incluyeron agresiones físicas, uso de gas pimienta y disparos de balas de goma contra quienes defendían el territorio. “Nos dispararon a bala”, atestiguó una de las pobladoras afectadas durante las jornadas de protesta. Además, la representación legal advirtió que la comunidad permanece prácticamente “sitiada” y aislada debido a controles policiales que entorpecen el libre tránsito, el abastecimiento básico y el traslado de sus animales.
Frente a la gravedad de los hechos, Peñas Negras dirigió insistentes reclamos de intervención urgente al gobernador provincial Raúl Jalil y a la Justicia de Belén. No obstante, los habitantes señalan que el gobierno provincial y el Poder Judicial han ignorado sus reclamos, permitiendo la entrada de empresas sin el debido consentimiento previo. En contraste, el jefe de la Policía de Catamarca, Manuel Herrera, negó la represión, calificó las versiones de “falsas” y sostuvo que los efectivos intervinieron para evitar enfrentamientos comunitarios, reconociendo únicamente un disparo al aire.
Ante la falta de respuestas oficiales, la comunidad se declaró en estado de alerta y asamblea permanente. De forma simultánea, ultiman la presentación de una acción de amparo judicial en conjunto con la vecina Comunidad Indígena de Jasimaná (Salta) para exigir la suspensión inmediata de las autorizaciones mineras.
Con información de Diario Huarpe / mineria.com.ar