La discusión sobre el proyecto minero San Jorge, que este miércoles tendrá un capítulo clave en la Cámara de Diputados cuando se vote la declaración de impacto ambiental (DIA), volvió a poner en el centro de la escena una pregunta clave: quiénes y cómo controlarán la explotación si finalmente pasa el filtro de la Legislatura. Al respecto, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, aseguró que el esquema de fiscalización será múltiple, con fuerte presencia del Estado, participación ciudadana directa y monitoreos en tiempo real.
«Es lógico que la gente pregunte ‘¿y eso quién lo va a controlar?'», admitió Latorre. «Yo misma lo veo como un déficit de gestión: no hemos sabido mostrar con claridad la cantidad de fiscalizadores que tiene el Estado en el sector ambiental en general».
La funcionaria de Alfredo Cornejo remarcó que, lejos de un «cheque en blanco», San Jorge estará bajo la lupa de varios organismos con competencias concurrentes: el Departamento General de Irrigación, la Policía Ambiental Minera, la Dirección de Fiscalización y Gestión Ambiental, la Dirección de Biodiversidad y, además, la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), donde puede participar la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil.
«San Jorge va a estar controlado por la comunidad científica, la ciudadanía interesada y los organismos del Estado, todo en conjunto», arrancó la ministra.
Monitoreos en tiempo real
Latorre explicó que la declaración de impacto ambiental y sus anexos establecen, paso a paso, los controles previstos para cada etapa del proyecto: desde la apertura de caminos hasta la línea de producción en marcha.
En el caso del agua, el esquema se apoya en pozos de monitoreo instalados en distintos puntos: debajo del depósito de residuos, y en áreas de incidencia directa e indirecta. «Todos esos pozos van a estar auditados por la UGA, por la Policía Ambiental Minera y por Irrigación, y en tiempo real», detalló.
La clave, insiste, es que se arma «una red de monitoreos» con organismos que se controlan entre sí: «No es que si a uno se le pasa algo, nadie se entera. Hay facultades concurrentes y cruces de información».
En este punto, Latorre remarcó que el proyecto incorporará tecnología de monitoreo online. «Los pozos de monitoreo se equipan con sensores y esos sensores se conectan a un sistema con un algoritmo que trabaja sobre la línea de base de la calidad del agua. Cualquier anomalía que se registre en un pozo de monitoreo se reporta automáticamente a la autoridad de aplicación. Ellos (San Jorge o «PSJ Cobre Mendocino») tienen la obligación de abrir esos datos. Hay entrega de datos permanente: en cualquier momento se puede consultar esa información».
«Lo más importante, más allá de la presencia física (habrá un puesto de la Policía Ambiental Minera en la mina), son los monitoreos online. Esos monitoreos te dan la trazabilidad del dato y son inalterables», dijo la ministra, y agregó que también se colocarán medidores de la calidad del aire, aunque insistió en que «es una locura» señalar que por la minería se va a liberar arsénico, como afirman grupos ambientalistas.
Ante una desviación fuera de los parámetros normativos, la respuesta también está protocolizada: «Si el sistema registra un dato fuera de los parámetros normales, el software dispara una alerta y la actividad se paraliza hasta que se verifique qué pasó».
El debate por la «conectividad de cuencas»: ¿puede haber un impacto en el río Mendoza?
El agua necesaria para el desarrollo del proyecto San Jorge -necesaria para el proceso de flotación, pero también para abastecer al campamento y regar caminos, entre otros usos- se proveerá desde una toma en el arroyo El Tigre, teniendo la minera la posibilidad de utilizar hasta 0,14 metros cúbicos por segundo. «Irrigación definió un caudal mínimo ecológico y la empresa solo podrá usar hasta ese límite. No es cierto que van a secar el arroyo. Si en un año muy seco el agua disponible no alcanza para sus necesidades, será problema de la empresa cómo abastece el proceso, pero no puede usar más que lo autorizado», dijo Latorre al respecto.
Si bien se trata de una cuenca endorreica, existe un reclamo en torno a la eventual conexión con la cuenca del río Mendoza, y una eventual contaminación de este cauce. Según dijo la ministra , hoy «no hay datos que acrediten» esa conectividad, por lo que se exige a la empresa que inicie un estudio hidrológico completo de la cuenca, que puede llevar varios años y hasta no ser concluyente. «Mientras tanto, se aplican medidas más estrictas, como sistemas de drenaje monitoreados y geomembranas bajo el depósito de residuos, además de la impermeabilización», agregó.
«Es una locura pretender que no se haga nada durante 5, 6 u 8 años hasta que termine un estudio que incluso puede no ser concluyente. Lo que hacemos es exigir medidas preventivas más rigurosas desde el inicio», argumentó la exdiputada nacional y expresidenta del EPRE.
«En todo lo que refiere a acuíferos, la autoridad de aplicación es Irrigación». Sin embargo, aclara que ese organismo no actúa solo: «Tenemos facultades concurrentes con la Dirección de Fiscalización y Gestión Ambiental, porque cualquier afectación al agua implica también una afectación al suelo, y viceversa. Por eso los controles siempre son concurrentes y coordinados».
La UGA y la participación ciudadana
Uno de los puntos que la ministra destaca como diferenciales es el rol de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), obligatoria para los proyectos a partir de la modificación del Código de Procedimiento Minero.
«La UGA es clave. Pueden participar la universidad que hizo el informe técnico, el municipio, ONG y cualquier vecino interesado. Cualquier ONG que desconfíe del Estado puede ser parte tanto de la construcción de la línea de base, con monitoreos participativos, como de los controles posteriores», afirma.
En el caso de San Jorge, la UGA estará integrada, entre otros, por la Universidad Nacional de Cuyo, el municipio, los organismos sectoriales que intervinieron en la evaluación, ONG y ciudadanos de a pie.
Con información de Mendoza Post