La Federación Argentina de Proveedores Mineros cuestionó al secretario de Minería de la Nación que cinsideró inconstitucionales los cupos de contratación de trabajadores locales.
La discusión por el empleo local en la minería subió de tono. La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) difundió un duro comunicado contra el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, luego de que el funcionario cuestionara los mecanismos provinciales que establecen porcentajes de contratación de trabajadores locales.
Lucero sostuvo que este tipo de normas pueden ser inconstitucionales porque, según su interpretación, podrían afectar principios como la igualdad ante la ley y la libre circulación de personas y trabajadores dentro del territorio argentino.
Desde FAPROMIN rechazaron ese planteo y defendieron la participación de trabajadores y empresas de las provincias donde se desarrollan los proyectos mineros. Para la Federación, el empleo local no es una traba para las inversiones, sino una herramienta para garantizar que parte de los beneficios de la actividad permanezca en los territorios productores.
En su comunicado, la Federación cuestionó la idea de que las exigencias de contratación local puedan convertirse en un obstáculo para el desarrollo de la minería argentina.
La entidad sostuvo que los trabajadores y proveedores de las provincias mineras cumplen un papel fundamental para generar empleo, actividad económica y aceptación social de los proyectos.
Según FAPROMIN, incorporar a las comunidades y empresas locales permite reducir conflictos y costos asociados a la actividad y, al mismo tiempo, evita que todo el valor generado por la explotación de los recursos termine concentrándose fuera de las provincias productoras.
La Federación también planteó que existe capacidad empresarial y mano de obra disponible en los territorios mineros, aunque consideró necesario profundizar los programas de capacitación, formación y certificación.
La Federación cuestionó que la solución pase por eliminar las herramientas de contratación local.
En su lugar, planteó que el Estado nacional y las provincias deberían trabajar en la formación de trabajadores para que las empresas puedan encontrar mano de obra calificada dentro de los territorios donde se desarrollan los proyectos.
FAPROMIN también advirtió que una apertura completa del mercado laboral minero podría provocar un desplazamiento de trabajadores hacia las provincias con mayor actividad, dejando en una situación de desventaja a las comunidades donde se encuentran los recursos.
Para la organización, el desarrollo de la minería necesita algo más que inversiones y producción: también requiere aceptación social y participación económica de las comunidades locales.
COMUNICADO DE FAPROMIN
«Como Federación Argentina de Proveedores Mineros, una vez más nos vemos en la obligación de explicarle a un funcionario nacional el por qué la minería comienza a gozar de aceptación en cada uno de los distritos donde se desarrolla y que modificar el modelo podría atentar contra las inversiones por venir.
Es que el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, volvió a la carga con la potestad de las provincias mineras en cuidar y fomentar el empleo local.
Para el funcionario que hoy ocupa el cargo, los cupos de empleo local con que las provincias locales cuidan su desarrollo son “inconstitucionales”.
Parece que desde la Capital Federal no entendieron, aún, que la licencia social de la que goza hoy la minería en Argentina se logró, en buena parte, mediante el esfuerzo entre provincias, proveedores y empresas mineras para que la actividad genere verdadero valor en cada uno de los distritos.
Es simple: A mayor generación de empleo local, y contrataciones de proveedores de las zonas y provincias dueñas de los recursos, las comunidades aceptan la minería como una actividad esencial para sus territorios.
Lucero afirmó que los esquemas provinciales que protegen a comunidades “generan fragmentación laboral, distorsionan la competitividad y actúan como freno para captar inversiones internacionales en proyectos de litio y cobre”.
Lucero no entiende, o no conoce la historia reciente de la actividad minera de Argentina.
La mejor manera de captar inversiones del sector es garantizar a las empresas que podrán trabajar sin conflictos sociales, y que podrán llevar adelante sus cronogramas de tareas sin demoras y complicaciones.
La actividad debe garantizar empleabilidad para las comunidades y provincias donde se desarrolla, al igual que compras y contrataciones de empresas locales.
La capacidad instalada existe. La mano de obra está.
En vez de atentar contra la potestad de las provincias en poner en valor sus recursos de la mejor manera posible, el funcionario debería acompañar a cada uno de los distritos con planes de educación, formación y certificación de sus talentos locales, en coordinación con los gobiernos locales.
Se entiende que es más fácil abrir el juego y permitir el éxodo de miles de trabajadores a las provincias mineras, pero eso no está bien.
Hoy, las provincias mineras, calificadas muchas veces como “inviables”, tienen la posibilidad de desarrollar sus talentos locales, garantizar empleo y movilidad social para sus vecinos.
No se trata de fragmentación laboral, como dijo Lucero.
Se trata de generar oportunidades para las comunidades que se ubican a cientos de kilómetros de los grandes centros urbanos.
Oportunidades que nunca tuvieron, y que hoy están al alcance de la mano.
Lucero, ¿Por qué arruinar esta posibilidad para el interior profundo y sus vecinos?
¿Por qué patear el tablero cuando el modelo empieza a funcionar de la mejor manera?
¿Sabe el funcionario actual que inclusive a las empresas les es más rentable contratar y comprar local?
Entre otras cosas, tener el hogar de los trabajadores cerca de los proyectos reduce ostensiblemente los costos de cada minera, y a la vez genera el respaldo automático de cada una de las comunidades hacia la actividad.
Lucero no debe recordar el ejemplo negativo de Bajo de la Alumbrera, o los conflictos en Esquel, Famatina y Andalgalá cuando el discurso anti minero era respaldado por los vecinos que no veían oportunidades de inclusión laboral.
Si es para proteger el RIGI y a las mineras, el Gobierno Nacional debería acompañar las políticas de cada provincia, que sabe, por su historia reciente, qué y cómo debe hacer las cosas.
La ruptura del status quo perjudicaría no solo a los distritos mineros, sino también pondría en riesgo, si, las inversiones.
Porque las empresas buscan trabajar en lugares previsibles, sin conflictos, sin comunidades que se opongan, sin cortes de ruta ni cuestionamientos a su imagen pública.
Debe saber, Lucero, que, con este tipo de declaraciones, y la escalada de la intención en contra del modelo productivo que hoy da evidentes muestras de funcionar, podría poner en riesgo las inversiones.
Lucero, haga lo que usted debe hacer, deje que las provincias hagan lo suyo, y, si quiere, sume esfuerzos para que la minería sea una actividad defendida y protegida por las comunidades.