El ENREGE otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la línea de 500 kV que abastecerá al megaproyecto de cobre Josemaría operado por Vicuña. El fallo desestimó impugnaciones de San Juan, La Rioja y mineras competidoras, consolidando la seguridad jurídica bajo el RIGI.
El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) ratificó de manera definitiva la validez de la Resolución N° 79/2026 y otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) a favor de Transener S.A., a solicitud de la compañía Vicuña Argentina S.A. La medida concluye formalmente un proceso técnico-regulatorio iniciado en 2023 y destraba el desarrollo del Proyecto de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión (PIEAT), una megaobra que permitirá llevar por primera vez una línea de 500 kV hasta la cordillera sanjuanina para abastecer los 260 MW requeridos por la Fase I del yacimiento de cobre Josemaría.
La resolución del organismo nacional trasciende lo estrictamente regulatorio para convertirse en un hito económico de primer orden: despeja el camino para la concreción de una inversión privada total superior a los u$s 9.700 millones por parte de la empresa conjunta integrada por BHP y Lundin Mining.
El proyecto tendrá un impacto transformador sobre la economía real, estimándose la generación de más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante sus etapas de construcción y operación, junto con una contribución positiva neta superior a los u$s 3.270 millones anuales en la balanza comercial de la Argentina mediante la exportación de concentrado de cobre, posicionando al país como un jugador central en la transición energética global.
El dictamen del ENREGE desestimó de manera categórica los recursos de reconsideración, impugnaciones y solicitudes de suspensión presentados por San Juan a través del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), la provincia de La Rioja, municipios locales y empresas mineras competidoras como Los Azules (ACMSA), Hualilán (Golden Mining) y Gualcamayo (Minas Argentinas). Los opositores cuestionaban el otorgamiento a Vicuña del 90% de la prioridad de uso sobre la capacidad incremental de transporte por un plazo de 25 años, alegando una supuesta afectación del principio de libre acceso (Open Access) y reclamando derechos sobre infraestructuras eléctricas preexistentes.
Frente a estos planteos, la autoridad regulatoria nacional fundamentó que la ampliación del sistema de transmisión en extra alta tensión pertenece a la jurisdicción federal exclusiva dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El organismo enfatizó que otorgar la prioridad de uso sobre una capacidad de transporte que no existiría de no ser por la inversión 100% privada de la empresa no vulnera la normativa, sino que aplica con rigor el marco de incentivos consagrado en la Ley Bases y el RIGI.
La decisión remarcó que el ordenamiento busca evitar la figura del «free-rider» (usuario aventajado), brindando seguridad jurídica a quien asume la totalidad del riesgo de capital sin trasladar ningún costo a los usuarios de la red eléctrica.
«Todas las obras serán financiadas íntegramente por Vicuña, sin trasladar costos a los usuarios del sistema eléctrico. Una vez finalizada su construcción, la infraestructura pasará a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y será administrada por el concesionario del transporte de alta tensión, constituyéndose en infraestructura permanente para el desarrollo futuro de la provincia», afirmaron desde Vicuña.
Las controversias: los reclamos de San Juan, La Rioja y proyectos competidores
El expediente expone los puntos de tensión técnica y política que acompañaron el debate. Desde la administración sanjuanina y el EPRE se sostuvo que la línea existente de 132 kV entre San Juan y Rodeo fue construida históricamente con fondos fiduciarios provinciales provenientes de aportes de otros yacimientos como Veladero. La provincia exigía un reconocimiento pecuniario o compensatorio por el uso de dicha infraestructura preexistente y solicitaba congelar la emisión del certificado hasta la firma de un convenio bilateral de mitigación.
Por su parte, La Rioja alegó que la saturación y reserva del nodo Rodeo afectaba la planificación del futuro corredor Rodeo-Chaparro-La Rioja Sur, limitando las oportunidades energéticas del sur de su territorio.
En tanto, mineras vecinas adujeron que los estudios de capacidad simplificados de CAMMESA y la reserva por 25 años bloqueaban el acceso a energía para otros proyectos cupríferos de la zona.
Sin embargo, el ENREGE desestimó las observaciones al señalar que no existen solicitudes formales firmes con compromiso de ejecución en el corto plazo por parte de los reclamantes, mientras que Vicuña es el único solicitante con cronograma, garantías e inversión acreditada ante Transener S.A.
Mientras tanto, proyectos mineros vecinos, proveedores, inversores, entidades financieras y buena parte del ecosistema productivo de San Juan siguen de cerca el desenlace de esta discusión. La expectativa es que los accionistas de Vicuña, las autoridades nacionales y provinciales, el regulador, las transportistas y las organizaciones sindicales encuentren una solución que permita expandir la infraestructura eléctrica sin convertirla en una herramienta de negociación entre proyectos.
En un contexto de creciente competencia global por atraer inversiones en minerales críticos, el desafío consiste en ampliar la capacidad del sistema para que la energía actúe como un habilitador del desarrollo y no como un cuello de botella que termine frenando nuevas inversiones. Después de todo, nadie en la industria quiere que una obra destinada a potenciar la minería termine convirtiéndose en un factor de división para el propio sector.
Detalle técnico de la infraestructura energética
El Proyecto de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión (PIEAT) comprende cuatro componentes de ingeniería de alta complejidad:
Adecuación de ET Nueva San Juan y ET Rodeo: Ampliación de la playa de 500 kV en Nueva San Juan, construcción de la playa de 500 kV en Rodeo y ampliación de la de 132 kV con un banco de transformación de 3×200 MVA, lo que permitirá operar en 500 kV la línea que hoy funciona en 132 kV.
Nueva LEAT Rodeo – Chaparro (500 kV): Trazado de una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros a través de zonas cordilleranas que alcanzan los 3.500 metros sobre el nivel del mar.
Nueva ET Chaparro (500/220 kV): Estación con tecnología de aislamiento en gas (GIS) y salidas en 220 kV, previendo futuras interconexiones hacia el noroeste argentino para el cierre del anillo energético provincial.
Línea de Alta Tensión Chaparro – ET Josemaría (220 kV): Tendido particular de 93 kilómetros que llegará directamente hasta las instalaciones del proceso minero.
desde el entorno de la compañía se resaltó que la empresa mantiene un canal de diálogo constructivo con el EPRE y el Gobierno de San Juan para definir esquemas razonables y técnicos de reconocimiento de inversiones sobre la infraestructura preexistente.desde el entorno de la compañía se resaltó que la empresa mantiene un canal de diálogo constructivo con el EPRE y el Gobierno de San Juan para definir esquemas razonables y técnicos de reconocimiento de inversiones sobre la infraestructura preexistente.
Asimismo, se destacó que la obra dejará un beneficio permanente e histórico para la provincia: el incremento de capacidad en el nodo Chaparro creará un punto estratégico para evacuar la producción de futuros parques fotovoltaicos y de energías renovables en el noroeste sanjuanino, al tiempo que la capacidad incremental remanente estará disponible para acompañar el desarrollo industrial y social de toda la región.
«Una vez atendidas las necesidades del Proyecto Vicuña, la capacidad incremental remanente que generen las obras de ampliación podría eventualmente ser utilizada por otros usuarios, de conformidad con la normativa vigente, contribuyendo a fortalecer el sistema eléctrico y a generar nuevas oportunidades para el desarrollo energético y productivo de San Juan», aseguraron.