El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, defendió en el Congreso la actualización de la normativa ambiental. Sostuvo que el objetivo es alcanzar un equilibrio científico que permita el desarrollo de proyectos estratégicos, como el cobre, sin resignar la protección del recurso hídrico.
En el marco de la primera jornada de audiencias públicas por la reforma de la Ley 26.639, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, planteó una posición firme en favor de modernizar el marco regulatorio actual. Durante su intervención, el directivo insistió en que la discusión no debe quedar atrapada en una falsa dicotomía y afirmó con contundencia: “No se trata de elegir entre ambiente o desarrollo, sino de tener ambos”.
Para el titular de la cámara minera, el paso del tiempo y el avance de la ciencia obligan a una revisión de los presupuestos mínimos establecidos en la normativa original. “Modificar la ley es clave porque el contexto productivo, tecnológico y ambiental ha cambiado significativamente desde su sanción”, explicó Cacciola, agregando que “sostener marcos rígidos frente a nuevas realidades puede impedir soluciones más eficientes que integren protección y desarrollo”.
Cacciola fue enfático al señalar que el sector privado no cuestiona el fondo de la protección ambiental, sino la falta de precisión de las definiciones actuales. Según su visión, el espíritu de la norma “sigue plenamente vigente e incuestionable”, pero la actualización es la herramienta necesaria para “dotar a la ley de mayor precisión, distinguiendo con más claridad qué zonas requieren protección estricta y cuáles pueden desarrollarse bajo estándares ambientales adecuados”.
Otro punto central de su exposición fue la defensa de la autonomía jurisdiccional. Al recordar que la Constitución Nacional otorga a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales, el presidente de CAEM argumentó que fortalecer la gestión local mejora el control. Asimismo, vinculó la reforma con la creación de empleo genuino, especialmente en el rubro del cobre: “La minería representa miles de empleos directos e indirectos, arraigo territorial y dinamización de economías locales. Hay proyectos que hoy no son viables bajo el marco actual y su postergación implica resignar trabajo y desarrollo”.
Las declaraciones de Cacciola se dieron en un clima de alta sensibilidad política y social. La audiencia pública, que duró 12 horas, estuvo marcada por un fuerte rechazo de sectores ambientales y de la oposición. De los 95 disertantes que participaron el miércoles, el 88,42% se manifestó en contra de los cambios propuestos en los artículos 4° y 6° del proyecto, los cuales flexibilizan el esquema de autorizaciones y el manejo del Inventario Nacional de Glaciares.
Mientras referentes como la ex diputada Marta Maffei denunciaron que la reforma es una “fachada de federalismo” para otorgar discrecionalidad a los distritos, Cacciola mantuvo su postura de que “una ley mejor diseñada, con criterios técnicos claros, con mayor participación provincial y controles efectivos puede lograr ese equilibrio”.
El oficialismo nacional, que ha colocado esta reforma entre sus prioridades legislativas, espera dictaminar la propuesta la próxima semana para sesionar en la Cámara de Diputados el 8 de abril. El desenlace de esta puja legislativa será determinante para el futuro de la industria minera, que tras la Argentina Week en Nueva York, se posiciona como el próximo gran motor de divisas del país, con una cartera de inversiones potenciales que asciende a los u$s30.000 millones.
Con información de Ambito