El entendimiento fue anunciado por el gobernador Marcelo Orrego y representa un esquema inédito para la provincia, ya que contempla un desembolso económico previo al comienzo de la etapa de explotación. El convenio deberá ser remitido a la Cámara de Diputados de San Juan para su tratamiento y eventual ratificación legislativa.
La firma del acuerdo contó con la participación del director ejecutivo de Vicuña, Ron Hochstein, y del country director de la compañía, José Morea.
Según lo informado, los US$250 millones constituyen un aporte fijo, no reembolsable y no compensable, que estará destinado exclusivamente al financiamiento de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento. La iniciativa apunta a fortalecer las condiciones para el desarrollo de distintos sectores productivos de la provincia, entre ellos la actividad agroindustrial, energética y turística.
El convenio también prevé la constitución de un fideicomiso de infraestructura pública que será financiado con un aporte equivalente al 1,5% del valor bruto de facturación del proyecto una vez que entre en operación. De acuerdo con el esquema acordado, esos recursos serán administrados y auditados por el Estado provincial.
En materia tributaria, el acuerdo mantiene el régimen vigente de regalías mineras, que establece un 3% sobre el valor bruto de facturación desde el inicio formal de la etapa de explotación.
Otro de los puntos incluidos en el entendimiento es la finalización de la controversia administrativa que la empresa mantenía desde 2022 en relación con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un aspecto que, según las partes, aporta mayor previsibilidad para el avance del proyecto.
Asimismo, Vicuña asumió el compromiso de ejecutar con financiamiento propio obras vinculadas a la futura operación, entre ellas la construcción de la línea eléctrica y del denominado Corredor Norte, el tramo vial que conectará Angualasto con el emprendimiento minero.
De acuerdo con la información oficial, los recursos contemplados en el convenio serán administrados y ejecutados por el Estado provincial bajo los mecanismos previstos en la normativa de contratación pública.
El acuerdo es el resultado de un proceso de negociaciones que se extendió durante más de un año y medio entre el Gobierno de San Juan y la compañía, con reuniones desarrolladas en el marco de la convención PDAC y en distintos encuentros realizados en San Juan, Buenos Aires, Santiago de Chile, Vancouver y Nueva York.