Mientras el Gobierno de San Juan ajusta los últimos detalles de la futura Ley de Desarrollo Local, comenzaron a surgir cuestionamientos desde sectores empresarios vinculados a departamentos mineros.
Una de las objeciones provino desde una cámara de proveedores de Iglesia, que advierte que la definición de “local” incluida en el proyecto podría perjudicar directamente a las comunidades donde están los proyectos mineros.
El presidente de la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (AITURIC), Alberto Grau, sostuvo que existe un “grave error conceptual” en la manera en que se interpreta el término dentro de la norma que podría ingresar a la Cámara de Diputados la próxima semana.
La principal objeción apunta a que el proyecto consideraría como “local” a toda la provincia de San Juan. Grau dijo que tanto él como otros referentes empresarios de Iglesia opina que esa mirada diluye la prioridad que deberían tener los departamentos donde efectivamente se desarrollan los proyectos mineros y donde se concentran los impactos económicos, ambientales y sociales de la actividad.
“Lo local debería ser primero el territorio donde está la mina y donde se producen los impactos directos”, expresó Grau, quien agregó que todo este planteo se lo ha enviado al diputado departamental Jorge Deguer, para que tenga en cuenta el planteo durante el tratamiento legislativo.
Según explicó, el problema no es solamente semántico sino también económico y territorial. Desde su perspectiva, ampliar el concepto de “local” a toda la provincia termina colocando en igualdad de condiciones a empresas radicadas a cientos de kilómetros de los proyectos mineros con los proveedores instalados en los departamentos directamente afectados por la actividad.
Grau aseguró que este planteo fue transmitido en reiteradas oportunidades durante las instancias de consulta impulsadas por el Gobierno provincial, aunque dijo que las cámaras departamentales fueron escuchadas “muy por encima”.
Agregó que la defensa no es solo para beneficiar a las empresas locales actuales, sino que busca generar condiciones para que las compañías de otras provincias o países decidan instalarse físicamente en el departamento y eso impacte en la economía de la población.
“En el fondo lo que queremos es que las empresas de afuera vengan y se instalen en Iglesia”, explicó Grau, quien también cuestionó que tras más de 20 años de desarrollo minero todavía no se haya concretado un parque industrial en el departamento.
Con información de Tiempo de San Juan