Diputados bonaerenses del bloque Unión, Renovación y Fe manifestaron su preocupación ante la ola de despidos que atraviesa el sector minero de la provincia de Buenos Aires, como consecuencia del impacto del cese de la obra pública.
“Las consecuencias de esta coyuntura son tangibles y sumamente preocupantes, afectando directamente la estabilidad laboral y económica de miles de familias bonaerenses”, denunciaron en los fundamentos del texto los diputados Martín Rozas, Fabián Luayza y Viviana Romano.
“Estos casos no son meros incidentes aislados, la minería bonaerense, crucial para el sector de la construcción, no escapa a la recesión económica y este contexto adverso afecta directamente a miles de trabajadores”, enfatizaron los libertarios dialoguistas.
Incluso, en el marco de la 53° Asamblea del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, informó sobre la pérdida de más de 1000 empleos directos en el sector minero.
“Es la consecuencia directa de un esquema político que golpea severamente tres sectores interconectados: la construcción, la industria y el comercio”, alegó el funcionario del gobierno bonaerense, durante su intervención en el COFEMIN.
El golpe para la provincia de Buenos Aires es directo: el 70% de su producción estaba destinada a la obra pública, hoy frenada. El territorio bonaerense es el principal productor de áridos, un insumo clave para el hormigón y líder en la producción de cemento.
El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría (SOECO), Gustavo Bustamante, reveló que la fábrica Cerro Negro presentó en las últimas horas un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), una medida que puede hacer peligrar un total de 500 puestos de trabajo.
“Cerro Negro presentó el PPC por las tres plantas: Olavarría, Córdoba y Cormela, una fábrica que tienen en Campana. Todavía no lo tienen aprobado porque lo tienen en trámite, podemos esperar cualquier cosa ”, afirmó Bustamante.
Vale mencionar que, un procedimiento preventivo de crisis es un mecanismo legal que permite a las empresas, ante una situación de crisis económica o de fuerza mayor, reducir tareas, horarios, suspender o despedir personal con una indemnización reducida.
Así, el objetivo del PPC es evitar despidos masivos y buscar soluciones alternativas para mitigar los efectos de la crisis en la empresa. De esta manera, de aprobarse el recurso, Bustamante advirtió que en una primera instancia se suspendería por 60 días, en distintas fechas, las tres plantas de Cerro Negro.
Fuente: Diputados Bonaerenses