El sector minero de Santa Cruz encendió alarmas tras la reciente modificación a la Ley 3141, impulsada por el gobernador Claudio Vidal. La norma eleva del 70% al 90% el cupo laboral de trabajadores con residencia provincial e impone un requisito de seis años para ser considerado “local”, el doble del plazo vigente hasta ahora.
La medida, que se aprobó en la Legislatura en octubre, intenta contrarrestar los puestos de trabajo perdidos en los últimos dos años en la provincia. Vidal tiene hasta mediados de diciembre para reglamentar la modificación a la normativa, que es rechazada por el sector productivo, principalmente por la industria minera.
Las compañías sostienen que la medida es “impracticable” y que amenaza la continuidad de operaciones en minas de oro y plata, además de desalentar nuevas inversiones. La Legislatura aprobó la reforma por unanimidad, con el objetivo de compensar la pérdida de miles de empleos en sectores como el petrolero y la obra pública.
Fuentes del sector remarcan que el 90% ya se cumple en tareas operativas, pero resulta inalcanzable en áreas de servicios, ingeniería o geología, donde escasean profesionales formados. “Formar un operario con estándares internacionales lleva entre dos y tres años”, advierten, y señalan que la norma no aclara cómo proceder cuando no existen perfiles disponibles.
La nueva ley obliga a las empresas a inscribirse en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL) y habilita controles en rutas para verificar residencias. En paralelo, fija un esquema especial para proyectos bajo el régimen RIGI: 60% de residentes provinciales y 30% del área donde se ejecute la inversión.
El sector teme que la incertidumbre jurídica frene ampliaciones necesarias para prolongar la vida útil de yacimientos maduros y reduzca la competitividad frente a otros destinos que buscan atraer capital.
La preocupación no es menor: Santa Cruz representa el 37% de las exportaciones mineras metalíferas del país, con ventas por más de US$ 1.500 millones entre enero y septiembre.
Mientras el Gobierno celebra la iniciativa como una herramienta para sostener empleos locales, la industria reclama una transición gradual que permita cumplir metas sin poner en riesgo la actividad.
Con información de LU17