Con 19 votos a favor, la reforma a la Ley Nacional de Glaciares obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado. A pesar de ello, decidieron programar el debate en el recinto para febrero próximo, al igual que sucedió con el proyecto de la reforma laboral. La propuesta de modificación fue presentada el martes pasado por el gobierno nacional.
Esta iniciativa busca modificar ciertos artículos que, en esencia, darían potestad a las provincias para proteger o no glaciares que consideren —a partir de estudios propios— de importancia hídrica estratégica. En otras palabras, si uno de estos cuerpos aporta caudal suficiente a los ríos y lagos en donde desembocan sus derretimientos.
La propuesta está vinculada de manera expresa a permitir la actividad minera en sitios donde hoy está prohibida. Según lo planteó el gobierno nacional a través de un comunicado de la Oficina del Presidente el lunes pasado, la modificación proviene de un pedido de las mesas del cobre y del litio, que integran las provincias de San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca.
Desde el sector científico y más de 80 organizaciones ambientales nacionales e internacionales manifestaron su oposición y profunda preocupación por este intento de modificación. Y es que, para ellos, los cambios apuntan hacia una “flexibilización” o incluso una “derogación tácita” de la ley que protege a los glaciares argentinos. Calificaron la propuesta de regresiva, algo que violaría la Ley General del Ambiente. Pero, ¿qué es lo que modifica en específico este proyecto?
Los artículos con los cambios más relevantes son el primero y el tercero bis. El primero plantea que serían las provincias la autoridad de aplicación última a la hora de proteger a los glaciares y el ambiente periglacial “con objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.
El segundo artículo agrega un principio precautorio en el cual plantea que los glaciares o el ambiente periglacial serán protegidos “hasta tanto” la provincia “verifique la inexistencia” de funciones de reserva estratégica de agua.
La ley hasta hoy en vigor prevé que todos los glaciares, sean grandes o pequeños, y estén o no en el ambiente periglacial, serán protegidos por esta norma de presupuestos mínimos, y que las actividades productivas están prohibidas allí. También plantea que todos los cuerpos de hielo a proteger aparecerán en el Inventario Nacional de Glaciares, del cual están encargados de auditar los científicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). Desde 2010, este organismo se dedicó a identificar los casi 17.000 cuerpos hoy inventariados.
El miércoles pasado, las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles escucharon a representantes del Gobierno en las áreas de Ambiente y de Minería plantear la intención de modificación de este proyecto.
Luis Enrique Lucero, secretario de Minería, así como el subsecretario de Política Minera, Federico Caeiro, y el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, plantearon que la ley actual padece de “imprecisiones” a la hora de ser aplicada. En especial, se refirieron a la definición de la zona periglacial como una de difícil delimitación. En esto coincidieron también tanto representantes del sector productivo como los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil. Ellos plantearon que es necesario “diversificar la matriz económica” y, por ende, la expansión de la frontera minera sobre la cordillera de los Andes.
“A nosotros nos parece bien el proyecto, viene a agilizar los trámites. Al menos en la mesa del litio nos permitiría acelerar los procesos de autorización de la minería. No hay actividad que tenga más control que la minería”, explicó Jalil frente a las comisiones que trataron la ley en la Cámara alta. El gobernador catamarqueño destacó que hoy la minería tiene controles internacionales muy distintos a los que había hace unos años y que su impacto no representaría una amenaza.
Fuente: La Nación