La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el Juzgado de Minas de Salta continuará interviniendo en la disputa minera entre Lithium S Corporation S.A. y Marhen Lithium S.A., un conflicto relacionado con trabajos de exploración y derechos sobre áreas ubicadas en una zona atravesada por una controversia territorial entre Salta y Catamarca.
La decisión puso fin a la discusión sobre qué tribunal debe tramitar el expediente. Sin embargo, no determinó qué empresa tiene mejores derechos sobre los terrenos en disputa ni resolvió los límites interprovinciales.
El caso involucra a la propiedad minera Tabariogrande, cuyos derechos son invocados por Lithium S Corporation, y a las minas Tati, Tati I y Tati II, que Marhen Lithium afirma tener bajo su titularidad en el departamento catamarqueño de Antofagasta de la Sierra.
Cómo comenzó el conflicto entre Lithium S y Marhen Lithium
La controversia se originó cuando Lithium S Corporation denunció que Marhen Lithium realizaba perforaciones dentro del área correspondiente a Tabariogrande sin contar, según su planteo, con autorización para desarrollar esos trabajos.
A partir de esa presentación, el Juzgado de Minas de Salta ordenó suspender las perforaciones y las actividades relacionadas. También dispuso retirar construcciones, equipos, campamentos, vehículos e instalaciones del sector, dentro del plazo establecido por la resolución judicial.
Marhen Lithium sostuvo una posición diferente. La compañía planteó que los trabajos se desarrollaban sobre derechos mineros correspondientes a Catamarca y que contaba con concesiones y permisos provinciales vinculados con las minas Tati, Tati I y Tati II.
La existencia de actuaciones judiciales en ambas provincias generó un conflicto de competencia: tanto el juzgado salteño como el de Belén, en Catamarca, consideraron que debían intervenir en la causa.
Por qué la Corte decidió que intervenga la Justicia de Salta
La Corte Suprema analizó cuál de los dos tribunales debía continuar con el expediente. Para resolverlo, adoptó los fundamentos del dictamen de la procuradora fiscal Laura Monti.
El criterio aplicado fue el de la intervención judicial inicial: cuando dos juzgados se consideran competentes para tramitar una misma causa, corresponde que continúe aquel que intervino primero.
En este caso, el Juzgado de Minas de Salta había recibido inicialmente la presentación de Lithium S Corporation y dictado las primeras medidas sobre las tareas de exploración.
Por ese motivo, el máximo tribunal dispuso que el expediente permanezca en Salta y que la decisión sea comunicada al juzgado de Belén, que también había reclamado competencia.
La Corte no definió los derechos mineros ni los límites provinciales
Uno de los aspectos centrales del fallo es su alcance limitado. La Corte resolvió una cuestión procesal: determinó qué tribunal debe continuar con el litigio, pero no se pronunció sobre la titularidad definitiva de las propiedades mineras.
Por lo tanto, la decisión no establece si los derechos invocados por Lithium S sobre Tabariogrande prevalecen sobre los que Marhen reclama respecto de Tati, Tati I y Tati II. Tampoco determina la validez definitiva de los permisos otorgados por las autoridades provinciales.
El dictamen fiscal también señaló que la delimitación de los límites entre provincias es una atribución del Congreso Nacional, contemplada en el artículo 75, inciso 15, de la Constitución Nacional. Esa cuestión no puede resolverse dentro de este expediente.
La controversia territorial, por lo tanto, permanece abierta y deberá abordarse por los mecanismos institucionales correspondientes.
Qué impacto puede tener la disputa en la actividad minera
El conflicto vuelve a poner en evidencia los riesgos que pueden generar las superposiciones de derechos y las diferencias sobre la jurisdicción territorial de las propiedades mineras.
Para las compañías que desarrollan proyectos de litio, la seguridad jurídica de las concesiones y la claridad sobre las autorizaciones son condiciones relevantes para planificar campañas de exploración, movilizar equipos y sostener inversiones.
En este caso, la orden judicial de suspender perforaciones y retirar instalaciones ya había afectado las tareas en el área antes de que la Corte resolviera qué tribunal debía intervenir.
La continuidad del expediente en Salta permitirá concentrar el trámite judicial en una sola jurisdicción. Sin embargo, todavía resta resolver la controversia principal entre las empresas y determinar el alcance de los derechos mineros que cada una invoca.
El fallo representa un avance en la definición del procedimiento, pero no constituye una resolución definitiva sobre la disputa minera entre Salta y Catamarca.