A través del Decreto 396, el Gobierno Nacional dispuso la fusión del Instituto de Prevención Sísmica (INPRES) y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) con el objetivo de generar una mayor eficiencia administrativa y funcional entre estos organismos con finalidades técnicas convergentes.
De esta manera, se fusionarán el INPRES, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, y el SEGEMAR, el organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Minería de la cartera económica. Ambos organismos compartían campos de actuación vinculados a la geociencia, el estudio del subsuelo, los riesgos geológicos, el desarrollo de información técnica para la gestión territorial, la prevención de desastres naturales y la formulación de estándares regulatorios.
Por este motivo, la fusión permitirá centralizar capacidades técnicas, aprovechar infraestructura existente y potenciar el desarrollo de conocimiento aplicado a los riesgos naturales, cumpliendo con el objetivo primordial del Gobierno Nacional de disminuir el sobredimensionamiento de la estructura estatal, mejorar su funcionamiento y reducir el gasto público.
Con estas medidas, el Gobierno reafirma su compromiso para tener una gestión pública más ágil, eficiente, transparente y orientada a los resultados y el bien común, garantizando el uso racional de los recursos públicos y fortaleciendo el control sobre las finanzas públicas.
Preocupación en el INPRES por su fusión con el SEGEMAR: “No hay beneficio económico y sí muchos riesgos”
La noticia cayó como un balde de agua fría en la sede sanjuanina del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). A través de un decreto publicado por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, se formalizó la fusión del organismo con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar). La medida, que no fue consultada previamente con las autoridades del Inpres, generó alarma por el impacto que podría tener en la operatividad de una institución clave para el monitoreo sísmico en todo el país.
“No hay un beneficio económico en esta decisión y en cambio sí riesgos en el funcionamiento”, afirmó con preocupación Rodolfo García, actual director del Inpres y con décadas de trayectoria en la institución. A su entender, el peligro más grave es una posible reducción del personal, que ya se vio afectado en los últimos años: de 80 empleados pasaron a solo 40, lo que obligó a una redistribución de tareas para poder seguir cumpliendo con sus funciones.
La incertidumbre gira en torno a cómo se concretará la fusión. Hasta ahora, el Inpres era un organismo descentralizado con autonomía técnica, aunque dependía administrativamente del Ministerio de Economía. Con el cambio, el presupuesto anual de 250 millones de pesos será absorbido por el Segemar, pero todavía no está claro si el Inpres ingresará al nuevo esquema como unidad propia o si será disuelto dentro del otro organismo. “Podría tratarse de una pérdida de funciones muy grave”, advirtió García.
Las funciones del Inpres no son menores: administra la red de detección sísmica nacional, realiza estudios de ingeniería sísmica, asesora en normas de construcción y colabora con organismos internacionales como Naciones Unidas. Ejemplo de su incidencia fue la revisión del proyecto minero Josemaría, donde recomendaron una modificación del diseño para asegurar el depósito de colas.
“La ausencia de estas tareas afecta en el corto plazo, porque no se tendría información actualizada sobre la actividad sísmica del país, pero también en el largo plazo, por el riesgo de una infraestructura menos segura”, explicó el titular del Inpres. Por eso, desde el organismo buscan con urgencia dialogar con las autoridades del Segemar para asegurar la continuidad de su estructura, su personal y sus convenios internacionales, que incluyen cooperación con países como Estados Unidos y Alemania.
“El único contacto que tuvimos fue informal. Deberían habernos visitado para ver que esta es una institución eficiente y austera”, sostuvo García, quien además remarcó que el instituto opera con un presupuesto limitado y sin acceso directo a esos fondos. “Todo lo que tenemos lo hemos logrado gracias a convenios externos. Esto también forma parte de nuestra identidad institucional, que tiene 80 años de historia”.
Desde San Juan, donde tiene su sede principal, el Inpres continúa esperando definiciones claras sobre su futuro. Mientras tanto, sus trabajadores y autoridades insisten en que esta decisión, lejos de generar un ahorro, podría significar un retroceso en la capacidad de prevención sísmica de la Argentina.
Fuente: Argentina.gob, Diario de Cuyo