Manuel Gómez Bello, presidente de la Federación Argentina de Proveedores Mineros, advirtió sobre el impacto que puede tener la modificación del regimen en las empresas nacionales.
La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que amplió los criterios para considerar a una empresa como proveedora local generó preocupación en el sector minero. Frente a este escenario, Manuel Gómez Bello, presidente de la Federación Argentina de Proveedores Mineros y de la Cámara de Proveedores Mineros de Catamarca, anticipó que impulsarán una estrategia regional para defender la participación de las empresas nacionales en los grandes proyectos de inversión.
Gómez Bello señaló que la decisión del Gobierno nacional encendió una alerta entre los proveedores y planteó la necesidad de reforzar los regímenes provinciales de compre local y avanzar en acuerdos entre empresas de distintas jurisdicciones.
“Nos puso en alerta, pero también nos incentiva a impulsar mucho más este régimen de compre local, a tener más cuidado y a empezar a trabajar un poco más en conjunto a nivel regional”, sostuvo.
El dirigente consideró que la respuesta del sector no debe limitarse a los reclamos individuales de cada provincia. En cambio, propuso consolidar alianzas estratégicas que permitan a las empresas argentinas competir en mejores condiciones frente a las compañías internacionales que buscan participar de las cadenas de abastecimiento mineras.
La preocupación de los proveedores surgió a partir del Decreto 1366/2026, publicado el 16 de noviembre en el Boletín Oficial, que modificó la reglamentación del RIGI y, entre otros puntos, redefinió qué empresas pueden ser consideradas proveedoras locales.
Hasta ahora, para que una persona jurídica fuera reconocida bajo esa categoría debía estar constituida y domiciliada en Argentina y cumplir, además, con un requisito de participación de capital o control societario nacional. La nueva disposición eliminó esa última condición.
Con el cambio, las empresas constituidas y domiciliadas en el país pueden ser consideradas proveedoras locales independientemente de la nacionalidad o residencia de sus accionistas y de la composición de su capital social.
Esto significa que una sociedad argentina controlada por capitales extranjeros también puede acceder a esa categoría, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por la normativa. No alcanza, por lo tanto, con que una empresa extranjera abra simplemente una oficina en el país.
El decreto también mantiene una condición específica para quienes proveen bienes, deben cumplir con los criterios de origen nacional establecidos por el Acuerdo de Complementación Económica N.º 18 del Mercosur.
La modificación amplía así el universo de empresas que pueden competir por contratos de abastecimiento de los proyectos adheridos al RIGI, una situación que genera inquietud entre las pymes y los proveedores de capital nacional.
Frente a este escenario, Gómez Bello planteó que una de las principales respuestas será fortalecer los mecanismos de compre local que existen en las provincias mineras y promover acuerdos entre empresas de diferentes regiones.
“Vamos a sostener en toda la región los compre local, pero impulsando las alianzas estratégicas”, explicó.
En ese sentido, destacó que los regímenes provinciales contemplan herramientas de asociación entre compañías nacionales y proveedores locales, como las uniones transitorias de empresas (UTE) y otras modalidades de colaboración.
Para el dirigente, estos acuerdos pueden funcionar como una forma de fortalecer la capacidad de respuesta de las empresas argentinas frente a la escala de los grandes proyectos mineros.
“Creo que eso va a terminar de fortalecer el empresariado nacional del proveedor local, porque, como se dice siempre, nadie se salva solo”, afirmó.
La preocupación no se limita a las provincias productoras de minerales. Gómez Bello señaló que la cadena de abastecimiento también involucra a empresas industriales de otros puntos del país, que fabrican o comercializan los insumos que necesitan las compañías mineras.
En particular, mencionó a Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires como parte de una red de proveedores que abastece a las empresas radicadas en las provincias mineras.
“Ellos son los importadores, ellos son los que nos venden la ropa, los que nos venden las herramientas, las fábricas que están ahí y nos ayudan y nos acompañan”, explicó.
Por eso, consideró que el cambio en el RIGI también puede afectar las posibilidades de desarrollo de esas industrias, que encuentran en la actividad minera una oportunidad para ampliar sus mercados.
Otro de los pasos que anticipó el presidente de la Federación Argentina de Proveedores Mineros es llevar la preocupación del sector a los representantes políticos nacionales.
Durante la entrevista, confirmó que están gestionando reuniones con legisladores para presentarles la posición de los proveedores y exponer las consecuencias que, según consideran, podría tener la modificación normativa.
Según explicó, las gestiones se realizan a través de una exministra de Minería, aunque no precisó una fecha para esos encuentros ni identificó a los legisladores con quienes buscarán reunirse.
Gómez Bello también cuestionó que la modificación se haya dispuesto sin una consulta previa a los sectores involucrados.
“Si las cosas se resuelven de todas maneras y suceden, creo que no nos queda otra que consolidarnos y trabajar fuerte sobre las normas provinciales y las provincias vecinas”, sostuvo.
De esta manera, la estrategia que plantea la Federación combina la búsqueda de interlocución con el Congreso y el fortalecimiento de los mecanismos provinciales de contratación.
Con información de INFORAMA
