Las cámaras mineras se pronunciaron a favor de la adecuación de la ley de Glaciares que impulsa el Poder Ejecutivo en el Congreso. En esa línea, subrayaron que «una norma más precisa reducirá la incertidumbre» y permitirá actividades «responsables, cuidando el ambiente y el recurso hídrico».
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó su pleno respaldo a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, tal como establece el espíritu original de la ley de Glaciares.
Y en ese sentido, sostuvo que existe consenso en que deben preservarse aquellas formaciones que cumplen una función hídrica relevante, pero advirtió que la norma vigente necesita aclaraciones, ya que no todos los glaciares y ambientes periglaciales cumplen necesariamente ese rol. Por ello, remarcó la necesidad de que la determinación se realice caso por caso, con sustento técnico y científico.
Asimismo, CAEM subrayó la importancia de definir con claridad el rol de las provincias, titulares constitucionales de los recursos naturales, en la identificación y delimitación de las áreas protegidas.
Según la Cámara, una redacción más precisa permitiría reducir la incertidumbre jurídica, compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y de infraestructura, y promover el empleo y el desarrollo económico.
En línea con la postura de la Corte Suprema, destacó que este proceso debe resolverse mediante el diálogo federal y la coordinación entre Nación y provincias, como vía para garantizar una protección ambiental efectiva y un desarrollo sostenible.
La CMSJ y la CAPMIN a favor de la modificación de la ley de Glaciares
Por un lado, desde la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) informaron su «compromiso con la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos».
Al respecto, agregaron que «no existen dudas: los glaciares y el ambiente periglaciar que cumplen un rol clave en la provisión de agua deben ser protegidos. Compartimos plenamente esta premisa, fundamental para el cuidado del ambiente y para asegurar el agua de las generaciones futuras».
En esa línea, recapitularon: «Sin embargo, a 15 años de la sanción de la ‘mal llamada Ley de Glaciares‘ (26.639), se requieren aclaraciones técnicas fundamentales» sobre los glaciares y el ambiente periglacial ya que «no todos cumplen necesariamente la condición de reservas estratégicas de recursos hídricos».
Por ello, consideraron «imprescindible la determinación de identificar cuáles lo son, caso por caso» con base en «estudios científicos y con intervención de expertos en la materia que permitan una evaluación objetiva y fundada».
Así, subrayaron que «una norma más precisa ayudará a reducir la incertidumbre y permitirá que las actividades productivas y las obras de infraestructura se desarrollen de manera responsable, cuidando el ambiente y el recurso hídrico».
Asimismo, pidieron definir «el rol de las provincias, ya que la Constitución Nacional establece que son las titulares de los recursos naturales existentes en sus territorios y también de la determinación y delimitación de los glaciares y ambiente periglaciar que resultan objeto de protección».
Para finalizar, expresaron que están «convencidos de que es posible lograr un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible», a la par de generar empleo «mejorando la calidad de vida de miles de familias argentinas y contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país».
Por su lado, la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) manifestó «su total acuerdo y compromiso con el objetivo de proteger «los Glaciares y el ambiente Periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos».
Con varios argumentos similares a la CMSJ, desde la CAPMIN sumaron que la problemática de la actual ley de Glaciares «debe resolverse por el diálogo federal antes que por la intervención de los jueces».
«Es tiempo de ejecutar esa solución concertada. Las aclaraciones que exige la Ley requieren el diálogo y la actuación conjunta y coordinada de las autoridades nacionales y provinciales», agregaron. Por último, consideraron que «la citada protección no resulta incompatible con el desarrollo sostenible».
La declaración de las empresas mineras exploradoras por ley de Glaciares
El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) expresó su respaldo al proyecto de adecuación de la ley de Glaciares enviado esta semana al Congreso. A través de un comunicado, la entidad valoró especialmente las aclaratorias incorporadas en la legislación, al considerar que aportan mayor certeza jurídica y corrigen ambigüedades interpretativas que, según el sector, generaron incertidumbre en la aplicación de la norma vigente.
Desde GEMERA destacaron que la iniciativa propone un enfoque más técnico y preciso, al concentrar la protección en aquellos glaciares y ambientes periglaciales que cumplen efectivamente funciones estratégicas como reservas hídricas, definidos a partir de estudios específicos y evaluaciones caso por caso. Para el sector explorador, este criterio no implica un retroceso en materia ambiental, sino una mejor implementación de la ley de Glaciares, alineada con su objetivo original y con los estándares de evaluación de impacto ambiental.
El comunicado también puso el acento en el fortalecimiento del rol de las provincias, en línea con el principio constitucional del dominio originario de los recursos naturales. En ese sentido, GEMERA subrayó que el proyecto recoge aportes de las provincias mineras canalizados a través de la Mesa del Cobre y la Mesa del Litio, y sostuvo que una interpretación armónica y federal de la ley es clave para compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo, la inversión responsable y el impulso a las economías regionales.
Con información de Ambito