La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN), que nuclea a las cámaras provinciales de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, advirtió que la creciente contratación de empresas extranjeras por parte de operadoras de la minería argentina amenaza con desarticular el modelo de desarrollo de cadenas de valor locales, construido durante años de trabajo conjunto entre compañías, gobiernos y comunidades.
El pronunciamiento, en línea con las recientes declaraciones de Roberto Cacciola , surgió después del reciente foro Argentina Cobre, realizado en San Juan y organizado por Panorama Minero, donde referentes de la institución expresaron su preocupación por la tendencia a desplazar proveedores nacionales en favor de firmas foráneas.
La Federación subraya que el fortalecimiento de la cadena de proveedores locales fue clave para lograr la aceptación social de la minería en distritos históricamente conflictivos. La generación de empleo en las comunidades, el impulso al segundo y tercer anillo de proveedores y la integración de las economías regionales contribuyeron a que la actividad dejara de ser vista como una amenaza.
“Costó años de trabajo construir consensos y revertir la mala imagen de la minería. Volver a las prácticas del pasado tendría graves consecuencias para la actividad”, señala el documento difundido por FAPROMIN, que acusa a algunas operadoras de soslayar acuerdos previos con gobiernos y comunidades, y de ignorar las capacidades ya probadas de empresas argentinas.
En San Juan, la controversia se concentra en el proyecto Vicuña —que agrupa los yacimientos Filo del Sol y Josemaría, operados por Lundin Mining y BHP—, donde proveedores locales denuncian que empresas chilenas han ganado terreno gracias a menores costos y a las facilidades otorgadas por el Tratado Binacional Minero firmado entre Argentina y Chile en 1999.
Situaciones similares se observan en Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz, donde firmas extranjeras reemplazan a proveedores nacionales con el argumento de “mayor confianza” o “mejor preparación”, algo que las cámaras empresarias consideran infundado.
El Tratado Binacional de Minería, en el centro del debate
El Tratado Binacional Minero permite que, en yacimientos ubicados en zonas fronterizas compartidas, bienes, servicios y trabajadores circulen libremente entre ambos países. Si bien no implica beneficios fiscales directos, sí genera ventajas operativas: insumos más baratos, mano de obra más competitiva y simplificación logística.
En el caso de Vicuña, el protocolo de exploración firmado en 2007 considera binacionales a proyectos como Filo del Sol —cuya mineralización se extiende en un 25% en territorio chileno— y Josemaría, pese a que este último se encuentra íntegramente en la provincia de San Juan. La inclusión en un mismo distrito geológico habilita la aplicación de las normas binacionales, aunque con límites que, según actores locales, no siempre se respetan.
Desde la Comisión Binacional Argentino-Chilena, organismo que supervisa el tratado, se aclara que las áreas de operación definidas por cada protocolo son precisas y que no es legal que proveedores chilenos contratados para un proyecto trabajen en otro sin autorización expresa. Sin embargo, el sector empresario sanjuanino denuncia que estas restricciones se diluyen en la práctica.
Impacto económico y social
Para FAPROMIN, la pérdida de participación de proveedores argentinos no solo afecta a las economías provinciales, sino que también pone en riesgo la llamada “licencia social” que permite a las mineras operar sin conflictos. La historia reciente de la actividad en el país —con enfrentamientos y bloqueos en distintas regiones— demuestra, según la entidad, que el respaldo comunitario es frágil y puede revertirse si la población percibe que los beneficios económicos se concentran fuera de su territorio.
Con información de Sitio Andino