Impulsado por un escenario favorable, el oficialismo sancionó en el Senado los cambios en la ley de Glaciares.
Con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, el Gobierno logró la media sanción en general de la normativa. El proyecto pasará después a Diputados por fuera del período de sesiones extraordinarias que culmina el próximo sábado 28 de febrero.
La Oficina del Presidente emitió un comunicado para celebrar la sanción de la reforma de la ley de Glaciares y señaló que «salda un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan)».
Además, remarcó que «clarifica que el objeto de protección son los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes».
«Se garantiza el derecho a un ambiente sano sin renunciar a la utilización racional de los recursos naturales que establece nuestra Constitución Nacional», indicó y subrayó que el proyecto «devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista».
«Al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso, el proyecto reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera», ponderó el Gobierno.
A través del comunicado, Milei envió su agradecimiento a los senadores que acompañaron la media sanción por dar «respuesta a una de las demandas de los argentinos: terminar con el bloqueo al desarrollo».
«El Gobierno Nacional confía en que la Cámara de Diputados realice un tratamiento responsable de esta ley para que su sanción definitiva libere las fuerzas productivas de nuestra Patria», exhortó sobre el próximo trámite legislativo.
«La era de los ecologistas aglutinados en un falso lema noble y trabando el progreso de los argentinos está llegando a su fin. Con reglas claras y un federalismo real, estamos poniendo a la Argentina de pie», cuestionó.
La ley de Glaciares
El oficialismo llegaba confiado al debate por la modificación de la ley 26.639, aunque sobre el cierre de las negociaciones la UCR presentó un proyecto alternativo que limita la capacidad de las provincias para definir las áreas protegidas.
La reforma forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno con los gobernadores de las provincias cordilleranas, que reclaman una normativa más flexible para habilitar inversiones en minería e hidrocarburos.
Tanto el texto del Poder Ejecutivo como el de la UCR buscan redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir actividades económicas en determinadas áreas periglaciares hoy vedadas. La iniciativa oficial introduce el concepto de “formas periglaciares” y propone distinguir entre las que funcionan como reservas estratégicas de agua y las que no cumplen esa función, habilitando en estas últimas proyectos productivos.
De este modo, la prohibición absoluta quedaría circunscripta a los glaciares y a las formaciones con función hídrica comprobada.
La norma vigente desde 2010 resguarda tanto los glaciares visibles como los ambientes periglaciares —suelos congelados o saturados de agua en zonas de alta montaña—, fundamentales para la regulación del equilibrio hídrico.
El proyecto crea además el Inventario Nacional de Glaciares, que quedará a cargo del IANIGLA bajo la coordinación de la Secretaría de Energía, con la tarea de identificar los cuerpos de hielo y clasificar las formaciones periglaciares según su valor hídrico.
Seguirán prohibidas las actividades que puedan alterar la condición natural de los glaciares, como la liberación de contaminantes, las obras de infraestructura, la explotación minera o hidrocarburífera y los procesos industriales. Solo se permitirán investigaciones científicas, tareas de rescate y deportes de montaña no motorizados.
La diferencia central entre ambas propuestas radica en quién tendrá la última palabra: el proyecto del Gobierno otorga a las provincias la potestad de definir las áreas a proteger y proponer cambios en el inventario —en línea con el artículo 124 de la Constitución que les reconoce el dominio de los recursos naturales—, mientras que la iniciativa radical concentra esa atribución en el IANIGLA.
La reforma cuenta con el respaldo de los gobernadores de distritos mineros e hidrocarburíferos, pero enfrenta un fuerte rechazo de asambleas ambientalistas y de la Iglesia, que expresó su preocupación a través de la Comisión Episcopal.
Antes del debate parlamentario, el Gobierno no logró respaldo del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) para la reforma.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo fue debatida por las provincias en el Consejo que integran representantes de todas las provincias. Entre rechazos, abstenciones y ausencias, no reunió el apoyo necesario.
El rechazo más contundente vino de la Provincia de Buenos Aires al considerar que la modificación implica un retroceso en materia de protección ambiental y contradice compromisos asumidos por el país.
En representación de la Provincia, la subsecretaria de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente bonaerense, Tamara Basteiro, afirmó que “en términos jurídicos, este proyecto de ley es incompatible con el principio de no regresividad ambiental que está manifiesto en el Acuerdo de Escazú, un acuerdo internacional que nuestro país acompaña y avala. También vulnera el espíritu del artículo 41 de la Constitución Nacional”. La funcionaria vinculó la iniciativa con un posible incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
La Provincia de Buenos Aires impulsó mayoritariamente la postura contraria a la modificación y, junto a otras jurisdicciones, promovió la invitación a organizaciones ambientales y a técnicos del IANIGLA para participar de la discusión, en un contexto que dejó en evidencia la falta de consenso federal en torno a la reforma propuesta.
Fuente: A24