La diputada provincial (Mendoza) Jimena Cogo aseguró que la discusión sobre las regalías mineras “no es solo una cuestión fiscal, sino una cuestión territorial”. La legisladora explicó los motivos que la impulsan a proponer una alternativa al reparto de los recursos en discusión.
“La renta minera surge del uso del territorio y de los recursos naturales que pertenecen a Mendoza, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional”, por lo que su distribución “debe estar alineada con las políticas de desarrollo y planificación territorial” que establece la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo.
Cogo, representante del departamento de Malargüe, expresó su acompañamiento al proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial, aunque remarcó la necesidad de revisar el actual esquema de distribución.
“Estoy a favor del proyecto, pero no podemos desvincularlo de la Ley 8051, que constituye una verdadera política de Estado. Esa norma fija criterios obligatorios para el desarrollo equilibrado de la provincia”, afirmó.
La legisladora del PRO cuestionó la propuesta vigente, que destina el 88% de las regalías mineras a Rentas Generales y solo el 12% a los municipios productores.
“Ese modelo concentra casi toda la renta minera en el nivel central del Estado. Puede parecer eficiente desde una lógica fiscal, pero es territorialmente ineficiente, porque rompe con los principios de equidad y equilibrio que se ordena cumplir en la 8051”, sostuvo.
En contraposición, Cogo impulsa un esquema de distribución 60–20–20, que asigna el 60% de los fondos a la Provincia, el 20% a los municipios productores y el 20% restante al resto de los departamentos.
“Este modelo cumple con el espíritu de la Ley 8051 porque convierte las regalías en una herramienta de desarrollo territorial equitativo y sostenible. Permite compensar desigualdades estructurales y fortalecer a los municipios que deben afrontar el impacto ambiental de la actividad minera”, explicó.
“La eficiencia no es fiscal, es territorial”
Para la diputada, el debate debe correrse del plano meramente recaudatorio.
“La eficiencia que plantea la Ley 8051 no se mide en términos de recaudación, sino de cohesión territorial. El modelo 60–20–20 distribuye los recursos donde su impacto social, ambiental y económico es mayor. No se trata de gastar más, sino de invertir mejor para lograr un desarrollo equilibrado en toda la provincia”, señaló.
Cogo también destacó que su propuesta busca cumplir con el mandato de la 8051, que exige “promover la coordinación entre la Provincia y los municipios”. En esa línea, subrayó que el nuevo esquema creará incentivos concretos para que los gobiernos locales sean protagonistas en la planificación y ejecución de políticas ambientales, obras y servicios vinculados al desarrollo territorial.
“La renta minera se genera en el territorio y debe volver al territorio. No como un gasto, sino como una inversión en cohesión, sostenibilidad y futuro provincial”, enfatizó la legisladora.
“El modelo actual puede ser administrativamente cómodo, pero es territorialmente injusto. Si queremos un desarrollo equilibrado, debemos distribuir los recursos donde realmente se generan los impactos y las oportunidades”, aseguró.
Para Cogo, el modelo 60–20–20 promueve un desarrollo territorial equitativo y sostenible, “cumpliendo con el artículo 3° de la 8051”. Permite que los beneficios de la minería “se distribuyan donde se generan los impactos, pero también lleguen a los municipios que no tienen actividad minera y sí absorben externalidades”.
En esa línea, advirtió que el modelo 88–12 “refuerza asimetrías estructurales”, mientras que el esquema propuesto “corrige desigualdades y convierte las regalías en una herramienta de cohesión territorial”.
Finalmente, la legisladora malargüina consideró que “el modelo actual desvincula la política fiscal de la política territorial, generando una administración centralizada y descoordinada. Y eso va en contra de lo que Mendoza ya definió como política de Estado”.
“No estamos mezclando temas. Estamos integrando decisiones sobre territorio, recursos y rentas bajo un mismo marco legal. Vincular ambas normas no es rebuscado, es cumplir con la obligación que la Provincia asumió. Si la riqueza se genera en el territorio, debe volver al territorio”, concluyó.
Fuente: El Sol de Mendoza