El debate sobre el proyecto de Ley de Proveedores de la minería, que busca fortalecer la participación de las empresas sanjuaninas en la industria, ha generado un cruce de posturas entre el sector privado y el gobierno. Luego de las expresiones de José Morea, representante de la empresa Vicuña, quien manifestó su preocupación por una posible “limitación de la competencia y la transparencia de los procesos licitatorios”, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea defendió la iniciativa, asegurando que su objetivo es “ordenar, equilibrar y medir” la competencia, y no ahuyentar la inversión.
La polémica se encendió cuando, desde el sector minero, se levantaron algunas alarmas sobre el alcance del proyecto. José Morea, en particular, planteó que la ley podría generar un “efecto contrario” al esperado, al poner trabas a la libre competencia y, por ende, a la eficiencia de los procesos. Sin embargo, el ministro Perea se mostró tranquilo y contundente en su réplica. “De ninguna manera nosotros vamos a generar un marco legal o una ley para ahuyentar las inversiones”, afirmó, buscando llevar calma al sector. Y agregó: “Muy lejos de eso, va a ser una ley superadora a otras leyes de otras provincias, una ley de desarrollo de proveedores, de comunidades y de cadenas de valor”.
En un intento por aliviar las preocupaciones, Perea explicó que la ley no busca ser una herramienta restrictiva, sino una de fomento y desarrollo. “Creemos que va a dar previsibilidad, va a dar transparencia y tampoco se va a eliminar la competencia, sino que lo que se pretende es ordenarla, equilibrarla y medirla”, enfatizó. La clave, según el ministro, reside en la creación de un sistema de medición objetivo y transparente. “Nosotros queremos o estamos trabajando dentro de la ley en un sistema de medición en el cual las empresas se va a generar una matriz y vamos a saber, o sea, vamos a medir, no vamos a suponer más”, detalló.
El sistema que se está diseñando, explicó Juan Perea, se asemeja al de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), donde se considerarán las contrataciones locales y se evaluará el desempeño de las empresas en función de una serie de criterios. Esto permitirá que la asignación de contratos no sea un simple acto de discrecionalidad, sino el resultado de un análisis riguroso y transparente.
La respuesta de Juan Perea no solo busca calmar las aguas, sino también sentar las bases en la relación entre la minería y los proveedores locales. El ministro aseguró que la ley está pensada para fortalecer la economía sanjuanina. La iniciativa busca que las empresas mineras se comprometan no solo con la extracción de recursos, sino también con el crecimiento de la cadena de valor local, la capacitación de mano de obra y la generación de empleo genuino en la provincia. En ese sentido, el proyecto de ley se presenta como una herramienta estratégica para el gobierno de Marcelo Orrego, que busca posicionar a San Juan como un polo minero de excelencia, pero con un fuerte anclaje en el desarrollo local.
Con información de Diario Huarpe