La Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) cuestionó el nuevo criterio del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y reclamó medidas para garantizar que las inversiones mineras generen empleo, contrataciones y desarrollo productivo en la provincia.
El planteo fue realizado por su presidente, Fernando Godoy, luego de que el Gobierno nacional modificara la definición de proveedor local mediante el Decreto 1366/2026. La nueva normativa considera proveedores locales a las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en Argentina, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o de la composición de su capital.
Para CAPRIMSA, esta condición no garantiza por sí sola que las oportunidades económicas de los grandes proyectos mineros queden en las provincias donde se realizan las inversiones.
Qué cambia con el nuevo criterio del RIGI
El Decreto 1366/2026 modificó la reglamentación del RIGI y eliminó el requisito de participación mayoritaria de capital argentino para que una sociedad sea considerada proveedor local.
A partir de ahora, una empresa constituida y domiciliada en el país podrá acceder a esa categoría aunque sus accionistas sean extranjeros. Esto permite que filiales argentinas de compañías internacionales participen en las contrataciones de los proyectos adheridos al régimen.
La norma mantiene, sin embargo, una condición para los bienes: deben cumplir con los criterios de origen nacional establecidos en el Acuerdo de Complementación Económica N.º 18 del Mercosur. La autoridad de aplicación deberá precisar cómo se determinará ese origen.
El cambio amplía el universo de empresas que pueden competir por las contrataciones vinculadas con las grandes inversiones, incluidas las del sector minero.
CAPRIMSA pide que la minería genere desarrollo en San Juan
Godoy sostuvo que la defensa de los proveedores sanjuaninos no representa un pedido de privilegios, sino una necesidad para fortalecer la economía provincial.
La cámara considera que la llegada de inversiones internacionales debe traducirse en oportunidades concretas para las empresas locales, con incorporación de tecnología, generación de empleo y crecimiento de las capacidades productivas.
También pidió a las compañías operadoras que mantengan una relación más activa con los proveedores de la provincia, mediante información anticipada sobre las contrataciones, convocatorias transparentes y criterios claros de selección.
El objetivo es que las empresas sanjuaninas puedan prepararse para competir y participar de los contratos que demandarán los proyectos de cobre y otros emprendimientos mineros.
La Ley de Desarrollo Local Minero, otro punto de la discusión
Uno de los principales reclamos de CAPRIMSA apunta a la aplicación de la Ley Provincial 2827-M de Desarrollo Local Minero.
La entidad considera que San Juan cuenta con herramientas legales para promover la participación de sus empresas en la cadena de valor minera, pero reclama que esas disposiciones se traduzcan en mecanismos concretos de cumplimiento y control.
Godoy también cuestionó la demora en reglamentar la normativa provincial. Según su planteo, esa falta de definiciones genera incertidumbre sobre cómo se aplicarán las obligaciones de desarrollo local frente al nuevo criterio nacional.
La cámara sostiene que las competencias provinciales reconocidas por los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional permiten impulsar políticas propias para fortalecer a los proveedores y promover el desarrollo productivo.
El debate por el 20% del RIGI y las contrataciones provinciales
La discusión también involucra los porcentajes de participación local previstos en las distintas normas.
El RIGI establece un compromiso mínimo de contratación de proveedores locales del 20% del monto destinado a bienes y obras, sujeto a la disponibilidad de oferta en condiciones competitivas.
Por su parte, Godoy señaló que el artículo 9 de la Ley Provincial 2827-M contempla una participación del 60%, de manera progresiva y con metas anuales para bienes, obras y servicios.
La aplicación de estos porcentajes y su articulación con la normativa nacional serán parte de los desafíos regulatorios para San Juan.
El planteo de CAPRIMSA no apunta a cerrar el mercado a empresas de otras provincias o al capital extranjero. Godoy indicó que alrededor del 40% de las firmas asociadas a la cámara provienen de fuera de San Juan. La prioridad, según explicó, es que las empresas que trabajan en el territorio tengan oportunidades reales de integrarse a los proyectos.
Las inversiones mineras y el futuro de los proveedores sanjuaninos
San Juan atraviesa una etapa de expectativas por el desarrollo de grandes proyectos de cobre, que demandarán servicios de ingeniería, transporte, construcción, mantenimiento, logística y provisión de insumos.
Ese escenario puede ampliar el mercado para las PyMEs locales, pero también elevar las exigencias técnicas, financieras y operativas para competir por contratos de gran escala.
Por eso, CAPRIMSA propone una mayor articulación entre el Gobierno provincial, las operadoras, las cámaras empresarias y las instituciones de formación.
La discusión sobre el RIGI ya no se limita a quién puede ser considerado proveedor local a nivel nacional. El desafío para San Juan será establecer cómo se traduce esa categoría en empleo, actividad económica y oportunidades para las empresas que forman parte de su entramado productivo.
La cámara sostiene que las inversiones son necesarias, pero que su impacto debe medirse también por el valor que generan en las provincias productoras. El reclamo central es que el crecimiento de la minería sanjuanina incluya a sus proveedores y no quede concentrado únicamente en las compañías que desarrollan los proyectos.
