La Secretaría de Minería dejó sin efecto una serie de resoluciones vinculadas a planes, transferencias de fondos, importaciones, monitoreo ambiental y coordinación federal. La medida forma parte del proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley Bases y no afectará los convenios ya firmados.
La Secretaría de Minería derogó una serie de programas, reglamentos y planes operativos vinculados al sector minero, en el marco del proceso de reorganización administrativa y racionalización del gasto público impulsado por el gobierno de Javier Milei. La medida fue formalizada mediante la Resolución 64/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La norma, firmada por el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, dejó sin efecto resoluciones dictadas entre 2008 y 2022, vinculadas a transferencias de fondos a provincias y municipios, minería social, planificación estratégica, análisis de importaciones, género en minería y monitoreo ambiental.
Según los considerandos, la decisión se enmarca en la Ley Bases, que promueve la optimización del funcionamiento del Sector Público Nacional con el objetivo de avanzar hacia una gestión más transparente, ágil, eficiente y orientada a la reducción de estructuras estatales.
El Gobierno argumentó que los programas y regímenes alcanzados por la derogación perdieron vigencia, resultan obsoletos o ya no son compatibles con los lineamientos actuales de eficiencia, eficacia y austeridad.
alt="Liex" class="wp-image-12184" style="aspect-ratio:1.7917013831028161;width:665px;height:auto"/>La Resolución 64/2026 derogó ocho normas previas de la Secretaría de Minería y del ex-Ministerio de Desarrollo Productivo.
Entre ellas figuran las resoluciones 55/2008 y 134/2008, que habían aprobado el Reglamento Particular para la Transferencia de Fondos a provincias, municipios y otros entes, junto con una versión posterior de ese esquema.
También quedó sin efecto la Resolución 36/2020, que había aprobado la adaptación del Plan Nacional de Minería Social durante la emergencia sanitaria. Para el Gobierno, esa norma tenía un carácter transitorio y excepcional, por lo que correspondía su derogación una vez finalizadas las circunstancias que motivaron su dictado.
La medida también derogó la Resolución 47/2020, que creó el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino; la Resolución 138/2020, que puso en marcha la Mesa Técnica de Análisis para la revisión de importaciones; y la Resolución 255/2021, que creó la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas.
Además, se dejaron sin efecto las resoluciones 50/2022 y 53/2022. La primera había prorrogado por 180 días el plazo para presentar rendiciones de fondos recibidos por provincias en proyectos de minería social, huellas mineras y programas sociales. La segunda había creado el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería.
En los considerandos, la Secretaría de Minería sostuvo que la permanencia formal de esas normas resultaba incompatible con los principios de simplificación y eficiencia administrativa.
El texto oficial plantea que la actual gestión busca revisar, adecuar o suprimir programas y regímenes que no se ajusten a los estándares de austeridad exigidos por la coyuntura económica.
También señala que varias de las estructuras derogadas perdieron operatividad o que sus funciones deberán ser absorbidas por nuevas instancias de coordinación.
alt="Proyecto Diablillos" class="wp-image-11987" style="aspect-ratio:1.3351546007698993;width:629px;height:auto"/>En el caso del Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería, la resolución indica que su implementación deberá ser reemplazada por mecanismos alternativos más eficientes.
La derogación de las normas no implica la interrupción automática de convenios ya firmados. La resolución aclara que la medida no afectará los derechos y obligaciones nacidos de acuerdos suscriptos bajo la vigencia de las normas derogadas.
Esos compromisos deberán continuar con su ejecución, rendición de cuentas y, en caso de corresponder, acciones de recupero.
Para eso, se aplicará el Reglamento General del ex-Ministerio de Desarrollo Productivo para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y otros entes, junto con las normas de administración financiera vigentes.
De esa manera, el Gobierno busca separar la derogación normativa hacia adelante del control sobre obligaciones ya asumidas.
La decisión se produce en un momento de fuerte expectativa sobre el crecimiento de la minería argentina, impulsado principalmente por el litio, el cobre, el oro y la plata.
El sector aparece entre los principales candidatos a generar divisas e inversiones en los próximos años, pero el Gobierno busca reordenar la estructura normativa heredada y concentrar la política minera en instrumentos considerados más compatibles con la actual administración.
La Resolución 64/2026 entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Desde ahora, la Secretaría de Minería deberá definir bajo qué nuevas herramientas reemplazará aquellas funciones que, según la propia norma, serán absorbidas por mecanismos alternativos o nuevas instancias de coordinación.
Con información de Ambito / mineria.com.ar