A menos de un mes de la sanción de la Ley de Desarrollo Local Minero, el Gobierno de San Juan ya puso en marcha la elaboración de la reglamentación que definirá cómo se aplicará la norma en la práctica. El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, confirmó que el Ejecutivo se fijó un plazo de aproximadamente 60 días para finalizar el trabajo.
Según explicó, la complejidad de la tarea responde a la propia estructura de la ley, que contiene numerosos artículos que remiten directamente a la reglamentación para definir procedimientos, herramientas y mecanismos de aplicación.
«Es una ley que contiene aproximadamente unas 22 páginas en las cuales contiene numerosos artículos que expresamente remiten a la reglamentación, como por ejemplo los planes, los procedimientos, el Repromin, el consejo consultivo, la unidad técnica, el régimen sancionatorio y los beneficios fiscales», señaló.
Producto de ese trabajo, el texto reglamentario será incluso más extenso que la propia norma sancionada por la Legislatura.
El ministro explicó que el trabajo involucra tanto al equipo jurídico del Ministerio de Minería como al del Ministerio de Producción, áreas que ya habían trabajado en conjunto durante la elaboración de la ley. Uno de los aspectos más avanzados es la matriz de impacto socioeconómico, la herramienta que permitirá medir el cumplimiento de los objetivos de empleo y contratación local establecidos por la norma.
La parte que tiene que ver con el la matriz socio productiva tiene un avance del 95% en la reglamentación, mientras que el desarrollo del Registro Provincial de Proveedores Mineros (Repromin) se encuentra entre un 60% y un 70%, explicó el titulr de la cartera minera.
alt="" class="wp-image-7558"/>Perea confirmó que el artículo 25 será uno de los puntos más analizados por el Ejecutivo y que actualmente se trabaja junto al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas para definir su aplicación. Se trata del mecanismo de otorgamiento de créditos fiscales previsto por la ley para las empresas que alcancen los objetivos de desarrollo local
La ley establece que esos créditos fiscales podrán ser transferidos a proveedores, aunque la reglamentación deberá precisar los criterios y mecanismos para concretar ese beneficio.
Perea recordó que se trata de objetivos progresivos y no de cupos obligatorios. La ley establece como horizonte una participación del 80% de trabajadores locales y del 60% de adquisiciones realizadas a proveedores locales, aunque esos porcentajes deberán adecuarse a factores como la disponibilidad de personal calificado, la competitividad, la capacidad técnica y las condiciones de mercado.
El funcionario también defendió la compatibilidad de la norma con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que durante la redacción del proyecto se analizaron exhaustivamente los posibles puntos de conflicto.
«El RIGI te da estabilidad, no inmovilidad. Y con esta ley no se toca ninguno de esos puntos», afirmó.
Con el proceso reglamentario ya en marcha, el Gobierno apuesta a tener lista una herramienta considerada clave para transformar en procedimientos concretos los mecanismos de promoción de empleo, proveedores y desarrollo local previstos por la nueva legislación minera.
Con información de Diario Huarpe