La adjudicación de la construcción de un campamento de 2.000 camas para el proyecto minero Vicuña, ubicado en San Juan, generó críticas desde el sector proveedor de otras provincias. La Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA) cuestionó la decisión del emprendimiento de importar módulos desde China y advirtió sobre el impacto de este modelo en las economías regionales.
El presidente de CAPEMISA, Federico Russo, señaló que la licitación, ganada por la empresa Power China, contempla traer prácticamente un campamento completo fabricado en el exterior. Según el dirigente, esta modalidad deja sin margen de participación a los proveedores locales. «Si va a venir un campamento totalmente fabricado en China, ¿qué queda para proveer desde Salta?», planteó Russo.
El cuestionamiento se conoció en el marco del BritDay 2026, un evento realizado en Salta donde se debatió sobre la cadena de valor minera. Durante el encuentro, el gerente general de Rio Tinto Lithium en Argentina, Ignacio Costa, mencionó que los costos de construcción en el país son elevados y deben reducirse.
El titular de la cámara salteña reconoció que los proveedores deben ser competitivos, pero advirtió que la presión sobre los costos no debe utilizarse como argumento para desplazar a las empresas locales en favor de bienes importados.
Russo también hizo referencia a las gestiones que realizan cámaras empresariales con sede en Buenos Aires para modificar los esquemas de «compre local» vigentes en varias provincias por un «compre nacional».
Salta cuenta con una ley de promoción minera que establece la obligación de contratar entre un 40% y un 70% de trabajadores residentes en la provincia, así como el mismo porcentaje para la adquisición de servicios, obras, bienes e insumos locales. Capemisa busca preservar este sistema de contratación por anillos, que prioriza a las localidades cercanas a los proyectos, luego a la provincia, la región, el resto del país y, en última instancia, el exterior.
«Estamos de acuerdo en la medida que se respeten los anillos y que se trabaje la asociatividad», indicó el dirigente. Aclaró que los proveedores locales ya trabajan en Uniones Transitorias de Empresas (UTE) con compañías de mayor escala para ejecutar obras, como ocurre en el proyecto Rincón. Sin embargo, rechazó que esta apertura se utilice para importar equipamiento que antes se contrataba o alquilaba en la región.
El dirigente sostuvo que la actividad minera debe funcionar como un medio para generar mejoras en la calidad de vida, infraestructura y empleo en las comunidades donde se radica.
Con información de El Tribuno