«No podemos permitir que el banquete minero sea para unos pocos»
En el actual escenario de la minería argentina, San Juan se posiciona como el epicentro de las mayores expectativas de inversión y desarrollo. Sin embargo, existe una preocupación latente en el sector de los prestadores de servicios que ha sido expuesta con vehemencia por Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA). Para el dirigente, la provincia se encuentra ante una encrucijada histórica: o consolida un modelo de crecimiento inclusivo a través de una Ley de Desarrollo de Proveedores, o se arriesga a repetir esquemas de concentración donde unos pocos actores se vuelven «hipermillonarios» sin generar un derrame real en la economía local.
San Juan es, paradójicamente, una de las pocas provincias con gran actividad minera que aún no cuenta con una normativa específica para el desarrollo de su cadena de valor local. Según Godoy, esta herramienta es tan vital como las discusiones sobre el RIGI o la estabilidad fiscal. El dirigente sostiene que San Juan posee «lo mejor de la minería del país», pero la falta de una ley de proveedores genera un vacío que dificulta la integración de las pequeñas y medianas empresas.
Actualmente, CAPRIMSA opera bajo una suerte de «fuerza gremial» para fomentar el compre local, instando a las grandes empresas que llegan a San Juan a que alquilen galpones en la zona, se asocien con firmas locales y apoyen a la cámara. Godoy advierte que estas son «buenas prácticas» voluntarias que hoy dependen de la voluntad política y gremial, pero que necesitan imperiosamente el respaldo de un marco legal.
Una de las críticas más agudas de Godoy apunta a las grandes empresas sanjuaninas que ya han obtenido contratos millonarios en el pasado, como ocurrió durante el auge de Veladero. El dirigente denuncia que existen sectores de logística, gastronomía e ingeniería que, a pesar de su enorme crecimiento económico, no fortalecen ningún eslabón de la cadena minera. Estas empresas «millonarias», según describe, suelen monopolizar todos los desde el transporte de personal hasta el catering y las camionetas, sin subcontratar a proveedores más pequeños.
«La economía de la minería sin un marco legal crea cuatro o cinco proveedores sanjuaninos millonarios que no fortalecen la cadena de valor», sentenció Godoy. Esta situación es la que el dirigente busca erradicar, exigiendo que las empresas que ganen grandes contratos tengan la obligación de formar y apalancar a los proveedores menores.
Para explicar su visión de una minería justa, Godoy recurre a una analogía «No hay que permitir que el desayuno, la merienda, el almuerzo, la cena, el postre y el champán sea de una sola persona». Su postura es donde come uno, deben poder comer dos o tres, permitiendo que la «bonanza minera» que se avecina con proyectos como Josemaría, Los Azules o Vicuña sea compartida por toda la sociedad.
El dirigente recalca que la licencia social de la minería, que hoy es positiva en San Juan, depende directamente de que este derrame ocurra. Si el «Antofagasta de San Juan» —como él denomina al futuro esplendor minero de la provincia— solo beneficia a diez empresarios multimillonarios de rubros logísticos o de construcción, el modelo de desarrollo habrá fracasado en términos sociales.
Desde CAPRIMSA, el trabajo gremial busca que las empresas de salud, emergencias o limpieza no lleguen solas a los proyectos, sino que «lleven de la mano» a otros actores, como un carpintero local para el mobiliario o pequeñas empresas de servicios. No obstante, Godoy insiste en que el rol de las instituciones es marcar el norte hacia dónde quieren ir, pero es el Estado quien debe «ponerle el cascabel al gato» mediante la ley.
En conclusión, la demanda de CAPRIMSA no es solo una cuestión comercial, sino una estrategia para asegurar que los proveedores medianos y chicos tengan un acceso directo e indirecto a la minería de gran escala que está por venir. Sin una Ley de Desarrollo de Proveedores, el riesgo de que la riqueza quede atrapada en la cima de la pirámide sigue siendo la principal amenaza para el desarrollo integral de San Juan.
Con información de El Zonda de San Juan